HIPOTECANDO VIDAS

3000 familias hipotecadas no son informadas a la hora de firmar con entidades financieras

FACUA- Consumidores en acción, ha presentado los resultados de una encuesta que desvela la gran desinformación del consumidor en materia hipotecaria. Los resultados de esta encuesta, realizada este último mes a más de tres mil familias de toda España, exponen una gran falta de transparencia por parte de las entidades financieras. A esto se le une, según afirma Rubén Sánchez como portavoz de FACUA en Sevilla, “una gran incultura financiera por parte del consumidor”.

En una gran momento de crisis, numerosas familias se ven después de muchos años con la incapacidad de afrontar las condiciones hipotecarias que un día firmaron con algún banco. Después del “boom inmobiliario” que fue acompañado del enriquecimiento financiero a través de las hipotecas, se comienza a cuestionar el papel que cumplen estas entidades en la situación de crisis actual de muchos hogares.

FACUA, en representación de todos esos consumidores, exigen una mayor regulación legal a las entidades financieras, y piden que dejen de ser eximidas de las obligaciones que opor ley cumplen otro tipo de empresas. Rubén Sánchez afirma que “a la banca se le ha perdonado y se le perdona demasiado. La última prueba ha sido la ley estrella de la Ministra Leire Pajín”. Además denuncia que España sea uno de los países más atrasados en este aspecto, desfavoreciendo a los consumidores, y pone el ejemplo de la imposibilidad de aplicar por ley la dación en pago.

Una de las obligaciones de las que se exime a las entidades es la de ofrecer al consumidor un teléfono directo e inmediato de “asistencia al cliente”, el portavoz reclama este servicio como forma de favorecer al cliente que normalmente se encuentra prácticamente indefenso a la hora de plantarse ante un acuerdo hipotecario.

Uno de los datos que ofrece la encuesta, confirma que un noventa y cinco por ciento de los consumidores no son informados de que pueden acudir tres días antes de firmar el acuerdo a la notaría, y así poder revisar con tranquilidad todas las cláusulas. Ni siquiera conocen la posibilidad de elección de notario, sino que el ochenta y seis por ciento deja que sea siempre el banco que lo elija. Todo esto sumado a la falta de conocimiento del consumidor hace que se cree un frente abierto para que el banco ponga y disponga a sus anchas a la hora de establecer condiciones a su favor siempre, y que tarde o temprano acabarán rindiéndole cuentas al firmante. A favor de esto la encuesta expone datos tales como que cuatro de cada diez personas desconocen el tipo de interés a a hora de firmar, tan solo un diez por ciento evalúa condiciones en dos bancos antes de decidirse, más de un cincuenta por ciento no ha sido informado de los gastos y las comisiones que le va a suponer firmar la hipoteca, un setenta por ciento desconoce las obligaciones accesorias (tarjetas, seguros, etc) y un treinta por ciento no es consciente de la posibilidad de cancelar el acuerdo.

Pero sí son muchas las personas, aunque no esté reflejado en la encuesta, que se enfrentan a este desconocimiento a lo largo del tiempo, al cual poco ayuda el camuflaje de muchas de las condiciones en una jerga poco accesible. La mayoría de las familias desconocen las fórmulas de hacer frente al pago, un ochenta por ciento según la encuesta. En cambio, son ya bastante las que se han sumergido en una aventura judicial para luchar contra la cláusula de suelo. A pesar de que según FACUA, mas de un veinte por ciento de los que la tienen desconocen tal acuerdo. Lo cierto es que ya hay varios referentes judiciales de sentencias que han considerado ilegales muchas de estas cláusulas. Pero llegar a los Juzgados no es siempre accesible para todos, ya que se necesita una buena asesoría judicial que controle este ámbito.

Mientras tanto, esta vía será la única para proteger al consumidor en materia financiera. Ya que se demuestra que la Administración sigue al servicio de los bancos y hace una gran diferenciación a la hora de respaldar a cualquier empresa que se declare insolvente, dándole la oportunidad de cambiar de nombre y obviar sus responsabilidades. En cambio, cualquier particular declarado en la misma situación tendrá que ver su vida hipotecada para los restos.